El contraste entre el proceso de ampliación de derechos impulsada por el proyecto nacional y popular, por un lado, y los planes de ajuste y exclusión llevadas adelante por el macrismo en la ciudad de Buenos Aires también se refleja en la política de acceso a la vivienda para los sectores populares.
A nivel nacional, las políticas redistributivas motorizaron la recuperación del empleo y la reducción del déficit habitacional, a partir de impulso estatal a la obra pública. De acuerdo al Ministerio de Planificación, entre 20013 y 2010 se construyeron 330.000 viviendas y se ampliaron y refaccionaron otras 350.000 mediante la implementación de los planes “Reactivación de Obras Fonavi”, “Techo y Trabajo” y “Emergencia Habitacional” (orientados a la conformación de Cooperativas de Trabajo) y el Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) .
En ese marco,
existen otros 290.000 planes en ejecución, lo que ampliará el beneficio a más
de 4 millones de habitantes. Según ex decano de la Facultad de Arquitectura de
la UBA, Jaime Sorín, mientras la población creció un 10,4% la cantidad de
viviendas lo hizo un 16,5% entre 2003 y
2013.
Esta orientación se
profundizó con el lanzamiento del Plan PROCREAR, que apunta más a sectores
medios que no acceden a créditos hipotecarios y que establece la utilización de
tierras fiscales para la construcción d viviendas. PROCREAR ya otorgó más de 92.000 créditos
hipotecarios a familias de todo el país y ya está construyendo 10.328 viviendas
en el NOA, 7.333 en el NEA, 11.960 en Cuyo, 11.247 en la Patagonia y 84.305 en
la zona Centro.
El panorama
nacional contrasta con la agudización de los problemas de vivienda para
sectores populares y medios en la ciudad de Buenos Aires desde que se inició la
gestión de Mauricio Macri. La política del PRO para vivienda retrotrae a lo
peor de la década del ’90 con el auge del neoliberalismo en el país: con el
mercado como regulador del acceso y el capital inmobiliario como
planificador del uso y el valor del hábitat. Según el Observatorio de los
Derechos Humanos, aunque la población de la ciudad se mantiene estable desde
hace cuarenta años, el déficit habitacional aumentó de manera exponencial como
consecuencia de las políticas macristas basadas en no ejecutar el presupuesto
que tiene para vivienda y por otra
parte, incumplir las leyes sancionadas por la Legislatura con el objeto de
avanzar en la urbanización de las distintos barrios, villas y asentamientos de
la Ciudad.
¿Qué es el déficit habitacional? Es,
básicamente, la cantidad de viviendas que hace falta construir o refaccionar
para las familias que carecen del derecho a acceder a una vivienda digna. Es decir, no sólo cuenta las familias que no
tienen acceso a la vivienda sino también a aquellas que viven en condiciones de
hacinamiento, carencia de servicios, etc.
Según estimaciones basadas en el último censo
nacional, el número de personas que se encontraban en situación de déficit
habitacional en la Ciudad de Buenos Aires ascendía en 2010 a 340.759,
pero esa cifra estaría actualmente rondando las 500.000 personas. A su
vez, de acuerdo a la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social del Gobierno de
la Ciudad, en 2014, de ese medio millón de
personas en situación de déficit habitacional, 275.000 habitan en
villas y asentamientos.
Pese a esto, el
presupuesto para vivienda se ubica en el lugar más bajo desde el comienzo de
las gestiones PRO: cayó del 5 % en 2007 al 2,1% en 2014. Pero a eso hay que
agregar que, del total del presupuesto que el Poder Ejecutivo de la Ciudad tuvo
asignado entre 2008 y 2013 para solucionar la problemática habitacional, $2.462.732.230
(sí, casi dos mil quinientos millones de pesos) no fueron utilizados. Esto
implica una sub-ejecución del 25% para todo el período.
En criollo, plata
para viviendas hay, pero Macri y el PRO no la invierten; no cumplen con la ley,
pero sí reprimen a los sectores que luchan por una vivienda. Además, el
macrismo se opuso a discutir leyes que puedan regular el mercado de alquileres,
hoy controlado solamente por las inmobiliarias, grandes socios del macrismo. (Continúa en la próxima entrega)
Fuentes:
Observatorio de
Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaría de
Hábitat e Inclusión Social (GCBA)
ANSES – PROGRESAR
Agencia Paco Urondo
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